Decretos legislativos debilitarían controles anticorrupción

Decretos legislativos debilitarían controles anticorrupción

“Los nuevos Decretos Legislativos que modifican el actual marco legal de las APPs pondrían en riesgo la oportunidad única de detectar aquellos mecanismos que usaron empresas como Odebrecht para cometer diversos actos de corrupción”, advirtieron representantes de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Y es que entre los decretos se plantea que ahora las APP llamadas autofinanciadas, aquellas en las que el Estado no debería otorgar garantías financieras y en las que los costos de la obra serán asumidos por el inversionista (Decreto Legislativo Nº 1224); se eximen de contar con las opiniones previas del organismo regulador correspondiente, del Ministerio de Economía y Finanzas.

Explicaron que esta modalidad sí puede generar potenciales obligaciones de pago a cargo del Estado por “la ocurrencia de uno o más eventos de riesgos propios del proyecto”, por lo que, al estar comprometidos recursos públicos, no sería prudente eximirlos de estos controles (Decreto Legislativo Nº 1251).

Por otro lado, señalaron que el portafolio de Proinversión para este año, entre las APP autofinanciadas con potencial alto ($ 4,000 millones a $ 6,000 millones), figuran proyectos que corresponden al sector transportes y minería. Dijeron que en principio todo contrato de APP debería contener por lo menos estudios técnicos, estudios económico-financieros, informes que sustenten la adecuada asignación de riesgos y valuación de contingencias, un modelo que sustente el esquema de financiamiento y pagos e informes sobre el estado de terrenos necesarios para ejecución del proyecto.

“Por los riesgos que implican proyectos en el sector transportes y minería, resulta preocupante que el Artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1251 exima al privado de cumplir con estos documentos siempre que se trate de una APP autofinanciada. Esta excepción no existía en el marco legal anterior, lo que dificulta auditar públicamente si los proyectos adjudicados bajo esta modalidad serán beneficiosos económicamente para el país, en relación a sus posibles externalidades sociales y ambientales”, explicaron los voceros de DAR.

Además, señalaron que los funcionarios de Proinversión contarán con seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para todos los responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión regulados por el Decreto Legislativo Nº 1251 y los funcionarios responsables de tomar decisiones que implican el ejercicio de discrecionalidad no podrán ser objeto de sanciones ni determinaciones de responsabilidad, a menos que existan indicios razonables de que actuaron con dolo o negligencia.

Esto se suma a los cambios a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, modificada por el nuevo DL 1353, que ahora permite que cada entidad pública determine qué información puede ser clasificada como reservada, confidencial o secreta, lo que no se entiende ya que la Constitución señala que solo la información que ponga en peligro la intimidad personal o la seguridad nacional, pueden ser clasificadas de esta manera.